La Ley 28740 (ley del SINEACE) ha sido modificada mediante Decreto Supremo 016-2010-ED para dar paso a la obligatoriedad de la acreditación de los programas de Derecho y de la certificación de los abogados en ejercicio.
Esta "obligación" se suma a la establecida para los programas de Educación y para los 13 programas de Salud considerados en el texto original de la ley.
Con esta medida se pretende atender el "aumento de facultades de derecho y filiales que no imparten una adecuada formación que asegure un desarrollo profesional idóneo..."
El problema con obligar a las instituciones a alcanzar estándares de calidad es dejar de lado el core del asunto: el aseguramiento de la calidad y mejora contínua debe constituirse en una filosofía de la organización, internalizada en su modus vivendi.
Así como están planteadas las reglas de juego, las universidades buscarán lograr la acreditación disfrazando las cosas y creando artificialmente procesos para superar los requisitos del ente regulador.
Lamentablemente no se está solucionando el problema, el sistema se está limitando a lanzar toda responsabilidad hacia las universidades, cuyas autoridades vienen demostrando (en su mayoría) que no están capacitadas para gestionar o que no están interesadas en mejorar la calidad de sus instituciones.
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